Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles

martes 09 junio 2015

La Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles abre un espacio nuevo a la resolución de conflictos y puede ser una solución a la lentitud y a la carga de trabajo que actualmente padece la administración de justicia.
Es claro que cualquier persona que tenga un conflicto o problema siempre acude a la justicia por consejo de su abogado, pero es en este punto donde los letrados debemos ser abiertos y poner nuestros objetivos en ayudar a nuestros clientes de la mejor manera posible y, en muchos casos, esa manera no pasa por los juzgados, sino por el hecho de que sean nuestros clientes, por supuesto con nuestro asesoramiento, los que lleguen a un acuerdo que les satisfaga plenamente y que no haga que, al poco tiempo, tengamos que acudir al juzgado de nuevo.
Es por ello que considero que tenemos que ayudar a dar publicidad y conocimiento de este modo de resolución de conflictos para que nuestros clientes se vean beneficiados, al fin y al cabo nuestra preocupación debe ser que nuestros clientes vean salvaguardados sus intereses ante el Juzgado, en el Arbitraje o por Mediación.

Un juzgado libera de sus obligaciones a un matrimonio que avaló la hipoteca de su hija

lunes 13 octubre 2014

 

  • El juez entiende que el contrato les imponía renunciar a sus derechos como fiadores

  • La hija de los avalistas no pudo hacer frente a las cuotas de la hipoteca

  • La entidad bancaria decidió entonces ejecutar directamente el patrimonio de los padres

Una sentencia de un Juzgado de lo Mercantil donostiarra ha liberado -de forma pionera en España- a unos avalistas de las obligaciones que contrajeron en un préstamo hipotecario, cuyo contrato incluía una cláusula que les impuso renunciar a los derechos que les asistían como fiadores.

Según la sentencia del caso, a la que hoy ha tenido acceso EFE, los damnificados por esta cláusula son un matrimonio que en junio de 2006 avaló a su hija y a su yerno en la contratación de un préstamo hipotecario con Kutxa (Kutxabank) para la adquisición de una vivienda en Hondarribia por un importe de 503.000 euros.

Los deudores no pudieron hacer frente al pago de las cuotas estipuladas y la entidad bancaria decidió entonces ejecutar directamente el patrimonio de los padres, sin recurrir en primer lugar a la vivienda hipotecada por su hija y su yerno.

Ante esta situación, los afectados, representados por los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin, de las plataformas Stop-Desahucios e IRPH Stop Gipuzkoa, presentaron una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián, al entender que la cláusula que tuvieron que firmar en el contrato del préstamo fue "abusiva", ya que les hizo renunciar "expresamente a sus derechos de "orden, excusión, división y extinción".

El beneficio de "excusión" es el que asiste al avalista para que su patrimonio no sea ejecutado mientras el deudor tenga bienes; el de "división" obliga a que la deuda reclamada se reparta de forma proporcional entre los distintos fiadores, y el de "orden" hace referencia al orden en el que se debe ejecutar el patrimonio de los avalistas en caso de que estos hayan sido numerados en el contrato.

En cuanto al derecho de "extinción", hace que el fiador quede desvinculado del préstamo en caso de que el deudor cambie las condiciones del contrato sin su conocimiento y autorización.

La sentencia explica que, con la renuncia a estos derechos que implicó la cláusula, los avalistas quedaron en una situación jurídica "menos favorable de lo que sería razonable" y considera que, si la negociación del préstamo se hubiera llevado a cabo "de forma leal y equitativa", no habría sido "fácil" que los perjudicados la hubieran aceptado.

La resolución judicial aclara que de hecho la cláusula colocó al matrimonio damnificado, que "se creía" avalista, en una situación de "deudor solidario", sin obtener "ninguna prestación" a cambio de "comprometer la totalidad de su patrimonio" para responder por una "deuda ajena" y "sin percibir las contraprestaciones" del deudor principal, quien "al menos dispuso del importe del préstamo".

El escrito judicial mantiene asimismo que no existe "constancia" de que la "renuncia de derechos" para el matrimonio, derivada de la firma de esta cláusula, fuera consecuencia de "una negociación individualizada".

Por estos motivos, la sentencia concluye que la cláusula controvertida resultaba "abusiva" y la anula, al entender que "supuso una renuncia injustificada de derechos del consumidor, impuesta por la entidad prestamista, sin que hubiera habido una negociación individual que la justificara".

Esta resolución, que también condena a Kutxabank al pago de las costas del procedimiento judicial, es la segunda de estas características que se dicta en España por un juzgado de lo mercantil, ya que hace unos días el mismo órgano judicial donostiarra apreció un caso similar al liberar con los mismos argumentos a una persona que había avalado a unos amigos en un préstamo contratado con la Caja Vital (Kutxabank) para la adquisición y reforma de un negocio relacionado con la automoción.

Los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin, que también se encargaron de este caso, han destacado, en declaraciones a EFE, la importancia de ambas sentencias que constituyen "un paso muy importante para liberar" a los avalistas de obligaciones "impuestas y no negociadas", especialmente "padres y abuelos de deudores que en el tramo final de su vida, en lugar de vivir con la tranquilidad que merecen, se encuentran agitados ante el temor a quedarse sin casa a causa del abuso" que suponen estos casos.
Fuentes: EFE y EL MUNDO

Nuevas sentencias declaran la nulidad de claúsulas suelo y obligan al banco a devolver lo percibido por su aplicación

martes 23 septiembre 2014

 

Fecha 22/09/2014 [15:29] h.
Origen Redacción NJ

A la espera de que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia sobre este tema, continúan dictándose sentencias que, tras declarar la nulidad de las cláusulas suelo incluidas en un contrato de préstamo hipotecario, obligan a la entidad bancaria prestamista a devolver las cantidades percibidas por la aplicación de las mismas, tal como ya hemos dado cuenta en anteriores ocasiones (ver  Un Juzgado de Bilbao declara la nulidad de una cláusula suelo con carácter retroactivoLa declaración de nulidad de una cláusula suelo tiene carácter retroactivo y obliga al banco a devolver las cantidades abonadas de más por su aplicación y Una nueva sentencia anula la cláusula suelo de una hipoteca y obliga al banco a devolver retroactivamente el dinero cobrado de más). 

En este caso, han sido dos juzgados de  Sevilla y Pamplona las que se manifiestan en este sentido.

Nulidad de la cláusula que "recibe un tratamiento impropiamente secundario, de modo que el consumidor no percibirá su verdadera relevancia"

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha declarado la nulidad de una cláusula suelo y ha acordado que la entidad bancaria prestamista devuelva a un cliente 9.000 euros por las cantidades indebidamente cobradas en virtud de la cláusula que ahora se anula.

Dicha cláusula suelo preveía un interés mínimo del 4,10 por ciento.

El demandante pidió la nulidad de dicha cláusula "por presentar un carácter claramente abusivo", por ser "contraria a la buena fe", por su "falta de transparencia", y por causar en perjuicio de los consumidores "un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato".

Frente a ello, la entidad alegó que se trata de una condición general de la contratación y se opuso a que la misma sea "abusiva" y "no transparente", rechazando de este modo la devolución de las cantidades reclamadas por el afectado.

El juez entiende que la documentación aportada por la financiera "no prueba que la cláusula haya sido negociada y no impuesta, pues es práctica habitual que el banco pase a la firma dicho documento como requisito necesario para la concesión del préstamo".

"Una negociación supone una variación de los parámetros de la operación, y eso debe dejar rastro documental de algún tipo en la entidad que refleje cómo se empezó la negociación y cómo ha concluido", pero "nada de eso se ha aportado".

El juez subraya que la demandada "tenía en su mano haber aportado prueba acreditativa de que la cláusula controvertida fue negociada, pero no lo ha hecho, por lo que debe estimarse que estamos ante una condición general de la contratación".

El afectado pidió la nulidad de la cláusula por vulneración de las reglas sobre transparencia, y el juez considera que dicha cláusula "no es oscura, pero tampoco es clara, pues siendo la idea la contratación de un préstamo a interés variable, no era completamente comprensible qué venía a significar y cómo iba a funcionar un interés mínimo".

A su juicio, si la cláusula "hubiera sido más extensa y explícita, seguramente hubiera sido más comprensible para el consumidor", pero frente a ello, asimismo, "se encuentra ubicada en el condicionado general tras una abrumadora cantidad de datos entre los que queda enmascarada y que contribuye a diluir la atención sobre la misma del consumidor".

La cláusula, asimismo, "recibe un tratamiento impropiamente secundario, de modo que el consumidor no percibirá su verdadera relevancia".

"En definitiva, la cláusula se inserta de una forma que dificulta la apreciación de su alcance real como un elemento esencial del contrato, y no meramente accesorio o accidental, faltando así la información que le permita tener al consumidor 'un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato'".

Además, "no hay prueba alguna de que hubiera simulaciones de subidas y bajadas del tipo --teóricas-- que hubieran permitido ilustrarse al consumidor en ese momento de contratar el juego de la cláusula suelo, de manera que en fase precontractual comprendiera que estaba en realidad contratando un préstamo con un tipo de interés mínimo fijo --del 4,1 por ciento-- y que este era el 'suelo' durante 38 años que iba a impedir mayores bajadas aunque se redujera el tipo de referencia".

Tras subrayar que "la cláusula no supera el control de transparencia y ello conlleva su nulidad", el juez declara que también "hay abusividad" en el 'suelo' del contrato y obliga a la entidad a devolver al cliente las cantidades percibidas como consecuencia de la aplicación de la cláusula con el interés legal correspondiente.

Nulidad de la cláusula suelo y de la que fija el interés de demora>

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Pamplona ha declarado nula una cláusula suelo fijada en un préstamo hipotecario, así como una cláusula de interés de demora también incluida en el mismo

El fallo apunta que, según el Tribunal Supremo, las cláusulas suelo han de superar el control de inclusión en el contrato y el control de transparencia, es decir, qué información se le dio al cliente tanto de forma previa como en el momento de contratación, para determinar si era o no consciente de las consecuencias económicas y jurídicas de la inclusión de la cláusula en el contrato.

En este caso, la sentencia apunta que "no se ha justificado el cumplimiento de los parámetros indiciarios de transparencia", por lo que procede estimar la demanda.

En cuanto al tipo de interés de demora, fijado en el 18 por ciento, el Juzgado considera que es "abusivo" y precisa que "el hecho de establecer en sí un interés de demora no puede reputarse abusivo, sino el importe establecido, en cuanto exceda del criterio legal impuesto en la reforma de la ley 1/2013, esto es, en cuanto exceda de un 12 por ciento en el que procede limitar el intereses de demora".

En consecuencia, la sentencia condena a la entidad financiera a proceder a la devolución de las cantidades cobradas correspondientes a la diferencia entre el tipo de interés aplicado como "suelo" y el interés variable consistente en el Euribor a doce meses, añadiendo un diferencial de 0,76 puntos porcentuales, según lo previsto en una de las cláusulas del préstamo hipotecario.

Asimismo, la entidad deberá dejar sin efecto su aplicación para liquidaciones futuras durante la vigencia del préstamo hipotecario. Además, tendrá que recalcular y rehacer el préstamo, excluyendo la cláusula suelo, aplicando como interés del préstamo hipotecario el interés variable consistente en Euribor a doce meses, más el diferencial de 0,76. En cuanto al interés de demora, la sentencia obliga a limitarlo al 12 por ciento.

Contra la sentencia cabe interponer recurso de apelación. (EUROPA  PRESS) y Noticias Jurídicas

No procede exigir la tasa judicial cuando su cuantía es tan manifiestamente desproporcionada que impide el acceso a la justicia

jueves 18 septiembre 2014

18/09/2014 [13:02] h.
Origen: Redacción NJ

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado dos resoluciones por las que exime del pago de la tasa judicial para interponer  recurso de apelación al administrador de una sociedad limitada en concurso al que, para recurrir la sentencia que le condenaba a la pérdida de determinados derechos y al pago de importantes indemnizaciones, se le exigía el previo abono de una tasa de elevada cuantía (2.800 €).

Las resoluciones señalan que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español, la introducción de un régimen de tasas no es contraria, por sí sola, al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, salvo que se demuestre que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculiza.

Sobre esta base, el Tribunal razona que en una primera aproximación cabría pensar que, al tratarse de un recurso de apelación que se interpone ante una sentencia dictada en la sección de calificación de un proceso concursal y por la que, tras calificar el concurso como culpable, se condena al administrador de la sociedad a indemnizaciones relacionadas con su actuación y con las deudas de la sociedad por importe superior a los 600.000 euros, el interesado, de conformidad con la Ley 10/2012, tendría que abonar una tasa que ascendería a 2.800 euros.

La Sala entiende sin embargo que, si esta interpretación fuera la única legalmente posible, habría de valorar la procedencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, dado que la tasa resultante, por su cuantía, aparece como un elemento que hace excesivamente difícil, cuando no imposible, el derecho fundamental al acceso a la justicia, en su modalidad de interposición de los recursos previstos en la ley.

Ante esta situación la Sección 1ª de la Audiencia ha decidido que la interpretación que lleva a exigir el pago de la tasa no es la única posible, sino que existen otras posibilidades más respetuosas con el derecho fundamental y que no violentan la norma legal. Los magistrados concluyen así que este supuesto no está sujeto al pago de la tasa, cuya cuantía sería “manifiestamente desproporcionada y con seguridad no querida por el legislador en tanto que afecta negativamente al derecho fundamental al acceso a la justicia”.

En esta misma línea de interpretación constitucional de la Ley 10/2012 y el RDL 3/2013, cita el auto el acuerdo de pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2013, sobre las tasas en el orden social, que exime del pago de las tasas para la interposición de los recursos de suplicación y casación a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social y a los funcionarios y personal estatutario que accionen en la jurisdicción social y los sindicatos cuando ejerciten un interés colectivo.

En todo caso, la Sala aclara que esta interpretación responde a las concretas circunstancias de este caso y se justifica precisamente por las mismas, sin vocación generalizadora, al menos en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional en los diversos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que tiene pendientes.

Obligación del padre de seguir abonando alimentos a su hija de 30 años de edad que no encuentra un trabajo estable que le permita independencia económica

martes 16 septiembre 2014

Fecha 15/09/2014 [13:24] h.
Origen Redacción NJ

La AP A Coruña ha dictado una sentencia, de fecha 4 de julio de (Rec. 141/2014), por la que establece la obligación de un padre de seguir abonando alimentos a su hija mayor de 30 años, al no encontrar esta un trabajo estable que le permita independencia económica.

Los hechos

El litigio tiene su origen en la demanda de extinción de la obligación de prestar alimentos formulada por el actor contra su hija de 30 años de edad que había finalizado sus estudios universitarios.

El Juzgado desestimó la demanda al considerar que no concurría la causa de extinción del art. 152.3º CC pues la hija no tenía una posibilidad concreta de encontrar un trabajo que le permitiese una independencia económica ya que las remuneraciones obtenidas por trabajos esporádicos no eran suficientes para su autonomía.

La Audiencia Provincial de A Coruña revoca en parte la sentencia del Juzgado y reduce la cuantía de la pensión en atención a esos trabajos esporádicos.

La sentencia de la Audiencia Provincial

1. El Tribunal rechaza en primer lugar que la sentencia de instancia incurriese en incongruencia al mantener indefinidamente la pensión de alimentos cuando en la contestación a la demanda se solicitó que se limitase la pensión a "dos años más", ya que, conforme al art. 151 CC, el derecho a los alimentos es irrenunciable:

"Como tiene reiterado nuestro Tribunal Supremo [TS 30 de abril de 2013 (Roj: STS 2910/2013, recurso 906/2010 ), 29 de diciembre de 2010 (Roj: STS 7709/2010, recurso 1613/2007), 6 de julio de 2010 (Roj: STS 3814/2010)], el deber de congruencia que pesa sobre las sentencias consiste en «el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente que no hubiera sido pretendido». Los Tribunales deben atenerse a las cuestiones de hecho y de derecho que las partes le hayan sometido, las cuales acotan los problemas litigiosos y han de ser fijadas en los escritos de alegaciones, que son los rectores del proceso. Así lo exigen los principios de rogación y de contradicción [TS 7 de junio de 2011 (Roj: STS 3557/2011, recurso 1031/2008)]. 

2º.- El  artículo 151 del Código Civil preceptúa que no es renunciable, ni transmisible, ni compensable el derecho a alimentos. Ni tampoco puede transigirse sobre ellos ( artículo 1814 del Código Civil. Norma imperativa que conlleva la carencia de eficacia de cualquier pacto o acto unilateral que afecte a la exigencia o renuncia [TS 14 de febrero de 1976 (RJ Aranzadi 617); se trataría de actos nulos (artículo 6.2 del Código Civil).

3º.- Como ya se mencionó en el fundamento anterior, en la contestación a la demanda doña Clara mantiene la tesis de seguir precisando una prestación alimenticia de su padre. Pero también viene a sostener que una persona de 30 años ha de ser autónoma, por lo que termina solicitando en su contestación que «se dicte en su día sentencia por la que se desestime la misma y se limite la pensión de alimentos a dos años más...» . Petición que no deja lugar a duda alguna sobre su correcta interpretación, pues se utiliza la copulativa y; lo que impide aceptar el planteamiento realizado al oponerse al recurso sobre que se trataba de un planteamiento subsidiario para el supuesto de no desestimarse íntegramente la demanda. Interpretación ofrecida que también entraría en contradicción con lo expresado en el último elemento fáctico de la demanda, en cuando sostiene que «Dada la situación actual de Dª. Clara ... esta parte entiende que se debe limitar la pensión alimenticia a dos años más, ya que dada su edad no puede ni desea solicitar un abono indefinido de la pensión de alimentos...» . Es decir, está renunciando a un abono indefinido de la prestación alimenticia.

 Inicialmente, la consecuencia de este planteamiento sería, como sostiene el apelante, que el debate judicial quedó ceñido a la extinción de los alimentos desde la demanda (primera petición del suplico de la demanda), o su limitación temporal anticipada a dos años (petición de la contestación). Pero la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que sentenció en primera instancia ha estimado que tal planteamiento de la demandada no era atendible, por cuanto suponía una renuncia anticipada al derecho a los alimentos, y por lo tanto es un acto nulo, y que ninguna vinculación genera al tribunal. Criterio totalmente ajustado a Derecho. Doña Clara podrá renunciar a las mensualidades devengadas e impagadas, pero no al derecho a recibir alimentos de su padre. En consecuencia, la sentencia no es incongruente."

2.  En cuanto al fondo del asunto, la sentencia señala que el contenido del art. 152.3º CC, que establece que la obligación de prestar alimentos cesará «cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria… de suerte que no le sea necesaria la pensión alimenticia para su subsistencia», debe ser interpretado conforme a lo establecido en el art. 3.1 CC, y especialmente en cuanto a la realidad social del tiempo en que deben ser aplicadas las normas. En este sentido, la doctrina jurisprudencial ha venido estableciendo sistemáticamente que «para que cese la obligación de prestación alimenticia, es preciso que el ejercicio de una profesión, oficio o industria sea una posibilidad concreta y eficaz según las circunstancias, no una mera capacidad subjetiva».

En este caso, teniendo en cuenta que la hija trabajó 3 años en un período de 8 años, mayoritariamente en trabajos de pocos días y sin llegar en ningún caso a una jornada laboral normal, el Tribunal concluye que no ha existido una posibilidad real de desempeñar un trabajo que le permitiese no precisar alimentos de su padre.

La Audiencia descarta también la existencia de una situación de «parasitismo social» a la que aludía la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2001 ya que, de la doctrina que emana de esta sentencia, no puede establecerse como regla general e inmutable que toda persona que haya finalizado estudios universitarios, con buena salud, y de unos 30 años de edad, no tendrá nunca derecho a los alimentos. La realidad social en el año 2001 era «una sociedad moderna y de oportunidades» mientras que ahora estamos en una profunda crisis económica, con unas tasas de desempleo muy importantes y donde un título universitario no confiere una garantía de encontrar trabajo. Es por ello que, en la actualidad, el que una persona de 30 años haya culminado sus estudios y no pueda encontrar trabajo no puede considerarse como "parasitismo social":

Concretamente se señala:

"Es cierto que la famosa sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2001 (RJ Aranzadi 2562), tras afirmar que la obligación de prestar alimentos, se basa en el principio de la solidaridad familiar y que tiene su fundamento constitucional en el artículo 39-1 de la Constitución Española, añade que «a tenor de lo dispuesto en el artículo 3-1 del Código Civil , que determina que las normas se interpretarán atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas; no cabe la menor duda que no hay base suficiente para que siga vigente tal obligación alimenticia. Se dice lo anterior porque dos personas, graduadas universitariamente, con plena capacidad física y mental y que superan los treinta años de edad; no se encuentran, hoy por hoy, y dentro de una sociedad moderna y de oportunidades, en una situación que se pueda definir de necesidad, que les pueda hacer acreedores a una prestación alimentaria; lo contrario sería favorecer una situación pasiva de lucha por la vida, que podría llegar a suponer un "parasitismo social"»

Pero de la doctrina que emana de esta sentencia no puede establecerse como regla general e inmutable que toda persona que haya finalizado estudios universitarios, con buena salud, y de unos 30 años de edad, no tendrá nunca derecho a los alimentos. Obsérvese que la sentencia alude a «lo dispuesto en el artículo 3-1 del Código Civil , que determina que las normas se interpretarán atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas» , y que esa realidad social en el año 2001 era «una sociedad moderna y de oportunidades» . La situación económica en el año 2001 y en el año 2013 no son idénticas, ni comparables. En el año 2001 había una pujanza económica, con importante crecimiento. Ahora estamos en una profunda crisis económica, que afecta de manera especial a la economía española, con unas tasas de desempleo muy importantes, y gente joven emigrando, inmigración en retroceso, donde un título universitario no confiere una garantía de encontrar trabajo. Es por ello que, en la actualidad, el que una persona de 30 años haya culminado sus estudios y no pueda encontrar trabajo no puede considerarse como "parasitismo social". Por desgracia, son conocidos por todos los casos de matrimonios más o menos jóvenes, con hijos pequeños, que se ven obligados a recogerse en casa de sus ancestros, y a su costa, por hallarse en desempleo, no poder pagar la hipoteca, etcétera. O los jóvenes que se había independizado y tienen que volver a casa de sus padres porque ya no ganan para pagar un alquiler. La situación de los padres ya jubilados que tienen que acoger a hijos y nietos, viviendo todos de la pensión de aquellos, no solo ha sido objeto de múltiples espacios en los medios de comunicación, sino incluso de anuncios publicitarios.

Lo que afirma el recurrente sobre que la tesis de la sentencia apelada conduciría a que cualquier hijo pueda pedir alimentos a sus padres, con independencia de la edad que tenga, y que hubiese tenido trabajos más o menos estables, si ahora no lo tuviese, es totalmente correcto. Es la ayuda solidaria entre parientes que recoge la obligación de alimentos en los artículos 142 y siguientes del Código Civil . No está condicionada a la edad, pues ningún precepto del Código Civil establece un límite de edad, hasta el punto de que los padres pueden pedirlos a sus hijos (artículos 143 y  144 del Código Civil); resultando indiferente si en el paso se ha gozado de una posición económica mejor o peor, sino a que por reveses de la vida no se tenga en este momento lo suficiente para sufragar lo que sea indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica» . Quizá le resulte extraño a la parte en cuanto no suele verse en los tribunales, pero la razón es porque esa ayuda se presta por la familia de forma espontánea. "

3. No obstante lo anterior, la Audiencia considera que los trabajos realizados por la hija sí pueden operar como factor para disminuir la cuantía de la prestación, en cuanto sus necesidades de dependencia disminuyen (art. 146 CC). Por lo que estima la demanda en el sentido de reducir su importe a 400 euros mensuales.

4. Finalmente, en cuanto a la limitación temporal de los alimentos, la sentencia determina que, como regla general, no existe la posibilidad de fijar anticipadamente la extinción. Se deben mientras exista el estado de necesidad por causa no imputable al alimentista. Por lo que no puede fijarse «a priori» una fecha para la extinción de la obligación. En este caso, la hija finalizó su formación y ha mostrado una actitud más o menos activa en la búsqueda de un empleo, pero su necesidad deriva de carecer de medios necesarios para su subsistencia, por la imposibilidad de acceder al mercado laboral en unas condiciones mínimas que le permitan obtener un sueldo para satisfacer sus necesidades básicas. Mientras no encuentre un trabajo, precisará alimentos; no pudiendo fijarse de antemano cuándo lo va a encontrar:

"1º.- En los alimentos entre parientes como regla general no existe la posibilidad de fijar anticipadamente la extinción. Se deben mientras exista el estado de necesidad por causa no imputable al alimentista. Por lo que no puede fijarse «a priori» una fecha para la extinción de la obligación. 

La excepción, que a veces ha sido aplicada por este tribunal, radica en la transformación en causa imputable. El artículo 142 del Código Civil prevé la obligación de prestar alimentos que comprenda la educación del alimentista incluso cuando sean mayores de edad «cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable». La limitación temporal se utiliza porque transcurrido un plazo prudencial la falta de terminación sí se convierte en causa imputable al alimentista. Ejemplo típico son jóvenes que a una determinada edad le quedan aún algunas asignaturas para acabar la carrera, el opositor que lleva un determinado número de años preparando, o situaciones similares. En tales casos se fijan una duración temporal a la prestación alimenticia, porque a partir de ese momento, si no acabó los estudios o no aprobó la oposición sí existe una causa imputable al propio alimentista, y fenece la causa de la prestación.

2º.-En este caso, la formación de doña Clara finalizó, pero su necesidad deriva de carecer de medios necesarios para su subsistencia, por la imposibilidad de acceder al mercado laboral en unas condiciones mínimas que le permita obtener un sueldo para satisfacer sus necesidades básicas. Mientras no encuentre un trabajo, precisará alimentos; no pudiendo fijarse de antemano cuándo lo va a encontrar. Por otra parte, su hoja laboral indica que sí muestra una actitud más o menos activa en la búsqueda de un empleo. "

Francia elimina las tasas judiciales porque “penalizan a los más vulnerables”

miércoles 27 agosto 2014

MADRID // A partir de enero de 2014, los franceses podrán acceder de forma totalmente gratuita a la Justicia pues su gobierno ha decidido suprimir la tasa judicial de 35 euros para las personas físicas que el anterior Ejecutivo conservador, presidido por Nicolas Sarkozy, impuso por ley. La decisión, impulsada por Christiane Taubira,  ministra de Justicia del gabinete del socialista François Hollande, obedece, en palabras de Taubira, al objetivo de eliminar una disposición que “penalizaba a las personas más vulnerables y restringía su acceso a la Justicia”, un derecho fundamental reconocido por la Constitución francesa.

 

También la Carta Magna española incluye en el primer punto de su artículo 24 lo que se reconoce como un principio inalienable: el derecho a ser tutelado de forma efectiva por la  Justicia, un derecho que, según han denunciado asociaciones profesionales de abogados y jueces, se ha visto menoscabado por la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales (ley 10/2012) impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, de cuya aprobación se cumple un año el próximo 20 de noviembre.

 

Ya antes de la aprobación de la norma, Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Secretarios Judiciales advirtieron en un comunicado de la  “grave privación de derechos” que conllevaba la ley promovida por Ruiz-Gallardón, una ley que compararon con la legislación franquista en la materia.

 

Tras conocerse la anulación de esa tasa judicial en Francia -cuyo importe fijo era de 35 euros, un importe notablemente inferior al de las tasas españolas, que oscilan de 100 a 1.200 euros según el tipo de procedimiento-, otra organización profesional, el Consejo General de la Abogacía Española, ha reclamado al Gobierno español que siga el ejemplo francés y derogue esta ley, explicó un portavoz del Consejo a La Marea.

 

En un comunicado de la organización profesional, se precisa que su presidente, Carlos Carnicer, ha remitido una carta al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, instándole a “agilizar en lo posible la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales” de forma que se palíen los “efectos muy graves” que ésta está teniendo.

 

La carta alude a los recursos presentados ante el Alto Tribunal por el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias, la Diputación de Aragón, la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía, que ya han sido admitidos a trámite por el Constitucional.

 

A estos recursos, se suman cuestiones de inconstitucionalidad incoadas por juzgados de lo social, de primera instancia, y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por su parte, ha adoptado un acuerdo no jurisdiccional que establece que no se exigirán tasas judiciales al trabajador, sindicato o beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatutario en recursos de suplicación o casación.

 

El portavoz de la asociación de jueces Foro Judicial Independiente y decano de los jueces de Zaragoza, Ángel Dolado, recalcó en declaraciones a este medio que la actual Ley de Tasas Judiciales “penaliza a las clases medias”

 y expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional, una vez admitidos a trámite los recursos, dicte sentencia “con urgencia”.

 

Dolado aseguró que su asociación no se opone a las “tasas judiciales disuasorias y educativas” en aquellos casos, como determinados juicios de faltas, donde “no se dé asuntos de entidad jurídica, que se podrían dirimir, por ejemplo, mediante arbitraje”, pero criticó las “cuantías desproporcionadas” que establece la ley de tasas impulsada por Ruiz-Gallardón.

 

El afán recaudatorio que, según diversas asociaciones profesionales, se esconde tras la norma impulsada por el actual ministro de Justicia, no se ha revelado además muy eficaz atendiendo a este supuesto fin. De acuerdo con los datos del Consejo General de la Abogacía, hasta el 30 de septiembre de este año, en España se habían recaudado por estas tasas sólo 101 millones de euros, una cantidad que el Consejo describe como “muy alejada de la previsión del Ministerio de Justicia, que calculó que los ingresos anuales por la recaudación de las tasas ascendería en 2013 a 306 millones de euros”.

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  • Reclamaciones ante Consumo

Nos interesa siempre encontrar la mejor solución para los intereses de nuestros clientes, por lo que intentamos negociar y buscar arreglos extrajudiciales, siempre que beneficien a nuestros clientes, recurriendo a las acciones judiciales únicamente cuando sea inevitable para defender sus intereses.

Colaboramos con Profesionales con remarcada experiencia en el mundo del Derecho (Procuradores, Peritos…) para así poder defender mejor los intereses de nuestros clientes y así prestar una atención profesional y personalizada.

Asimismo, consideramos muy importante el papel dela mediación en la resolución de los conflictos, por lo que contamos con mediadores profesionales por si ésta es la vía que nuestros clientes deciden utilizar.